El fenómeno del ultra fast fashion crece sin freno en Argentina y en toda la región. Plataformas como Shein y Temu multiplicaron usuarios en tiempo récord y hoy superan los 105 millones de descargas en América Latina. Pero su impacto económico, ambiental y laboral encendió las alarmas.
Por eso, la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), junto a Brasil y México, trabaja en una ley anti-Shein, inspirada en la normativa francesa que apunta contra este modelo de negocio.
Impacto en la industria local
Según la fundación ProTejer, la industria textil argentina pierde 1.500 empleos por mes. En los últimos dos años, 8 de cada 10 empresas redujeron sus ventas, con una caída promedio del 30%.
El problema no es solo la competencia desleal de precios, sino la forma en que estas plataformas logran ofrecer productos tan baratos: dumping (vender por debajo del costo real), subsidios en origen y evasión de aranceles.
Salud y medioambiente
El Gobierno Metropolitano de Seúl detectó que parte de la ropa infantil vendida por Shein contiene sustancias como cadmio y plomo, superando en más de 600 veces los límites legales.
Además, el 76% de las prendas se confecciona con poliéster, derivado del petróleo, que libera microplásticos en cada lavado. Y las tinturas utilizadas representan al menos el 20% de la contaminación industrial del agua.
En 2024, Shein y Temu aumentaron sus emisiones de dióxido de carbono en un 23%, llegando a 26 millones de toneladas, una cifra comparable a cuatro centrales a carbón.
El modelo francés como ejemplo
Francia aprobó un impuesto ecológico progresivo sobre el fast fashion:
- 5 euros por prenda en 2025.
- 10 euros en 2030.
Además, prohibió la publicidad de estas marcas y obliga a informar el impacto ambiental de cada prenda.
Incluso multó a Shein con 40 millones de euros por prácticas comerciales engañosas como “descuentos ficticios”.
El escenario en Argentina
En el Congreso argentino, la iniciativa cuenta con el apoyo de dirigentes como Pichetto, Lousteau y Massot, que buscan replicar este esquema en la región. La propuesta apunta a que las prendas importadas de estas plataformas:
- Pasen controles sanitarios (ANMAT).
- Cumplan con impuestos y aranceles como IVA e Ingresos Brutos.
- Informen sobre impacto ambiental.
- Sean sometidas a límites de calidad para evitar dumping.
Conclusión
La discusión recién empieza, pero la pregunta es inevitable:
¿Debe Argentina avanzar con una ley anti-Shein para proteger empleos, salud y medioambiente, o prevalece la libertad de consumir lo más barato posible?
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